Impugnación de acuerdos sociales

La ley de sociedades de capital permite impugnar los acuerdos que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta, o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.

Ese tercer supuesto es el que más se usa y el más difícil: hay que demostrar que el acuerdo perjudica a la sociedad y que alguien sale ganando con ello. Que a uno le parezca mala idea no basta.

Y la propia ley cierra algunas puertas: no procede la impugnación por defectos meramente formales que no hayan sido relevantes, ni por vicios que no hubieran cambiado el resultado de la votación.

Si intuye que va a haber conflicto, la junta es donde se construye el asunto.

Pida que conste en acta su oposición y el motivo. Un socio que votó en contra y lo hizo constar está en otra posición que uno que se quedó callado.

Ejerza el derecho de información por escrito y antes, para que quede el rastro de qué pidió y qué le contestaron. Negar información pedida en forma es un motivo en sí mismo.

Y si la convocatoria tiene defectos, dígalo entonces, no seis meses después. Quien asiste sin protestar debilita mucho lo que quiera alegar luego.

Primero se estudia el acuerdo con los papeles delante: convocatoria, orden del día, acta, certificaciones y, si el acuerdo se ha inscrito, la nota del registro. Con eso se ve si hay motivo y, sobre todo, si se está en plazo.

Después, casi siempre, se intenta hablar. Un escrito bien armado, que explique por qué el acuerdo no se sostiene, a veces basta para que la sociedad lo deje sin efecto o lo sustituya por otro válido. Si lo hace, la impugnación pierde su objeto, tanto si todavía no se ha demandado como si el pleito ya está en marcha.

Si no hay arreglo, la demanda se dirige contra la sociedad y se tramita por el juicio ordinario ante el juzgado de lo mercantil del domicilio social. Con ella se piden, si hacen falta, la suspensión del acuerdo como medida cautelar y la anotación preventiva de la demanda en el registro mercantil.

El primero es el plazo. La acción caduca, y un burofax o una conversación informal no detienen el plazo. Solo el intento formal de negociación que prevé la ley puede suspenderlo, y no conviene confiarse: si el plazo se acerca, hay que presentar la demanda igualmente.

El segundo, impugnar por un defecto que no cambió nada. Un error de procedimiento sin relevancia, una información incompleta que no era esencial para votar o un voto mal computado que no alteraba la mayoría no bastan, y la ley lo dice expresamente.

El tercero, haber callado a tiempo. La ley impide alegar defectos de forma a quien, habiendo tenido ocasión de denunciarlos en su momento, no lo hizo. Por eso lo que se dice en la junta cuenta tanto.

Y el cuarto, demandar sin saber qué se quiere conseguir. Anular un acuerdo no cambia quién manda en la sociedad. Si lo que busca es salir o que le compren, la impugnación es una herramienta para llegar ahí, no el final.

Si el acuerdo que le perjudica es el de no repartir dividendos, mire también el derecho de separación por falta de dividendos: puede que le interese más salir que anular. Si la junta no consigue aprobar nada porque los socios están empatados, el problema es otro y se trata en bloqueo societario.

Para los plazos y los motivos que se sostienen ante un juez tiene más detalle en impugnar una junta general, y para lo que puede hacer un socio con poca participación, en derechos del socio minoritario. Si el conflicto acaba en querer echar a alguien, empiece por cómo echar a un socio de una empresa.

Si el defecto está en la convocatoria, compare lo que se hizo con lo que exige la ley en convocar la junta general de socios. Y si el acuerdo salió adelante con el voto de un socio que tenía un interés propio en él, mire conflicto de intereses entre socios: hay casos en que la ley le retira el voto.

Si tiene una junta reciente encima, cuéntenos el caso cuanto antes: el plazo ya está corriendo.

Hay dos asuntos que suelen ir pegados a una impugnación y que el despacho trata en webs propias: la responsabilidad del administrador que aprobó o ejecutó el acuerdo y causó un daño, y el pacto de socios que evita que el mismo conflicto se repita.

Cuando un socio dice que quiere impugnar la junta, en realidad lo que se impugna son los acuerdos que se tomaron en ella. Puede ser uno solo o todos, si el defecto afecta a la reunión entera: una convocatoria mal hecha, una junta celebrada sin la asistencia que exigían los estatutos o un acta que no refleja lo que pasó. Tanto si es una junta de socios de una limitada como una junta de accionistas de una anónima, el régimen de impugnación es en lo esencial el mismo.

Para preparar la demanda de impugnación de acuerdos sociales, el despacho necesita:

• la convocatoria y el orden del día;
• el acta o la certificación de los acuerdos;
• los estatutos vigentes;
• cualquier escrito en el que usted pidiera información o dejara constancia de su oposición.

Con esos papeles le decimos si hay motivo, qué acuerdos conviene atacar y cuáles no, y si merece la pena pedir que se suspendan mientras dura el pleito. También revisamos el plazo en su caso concreto, porque depende del tipo de acuerdo y de si se ha inscrito en el registro.

Si la junta se celebró hace poco, no espere a tenerlo todo ordenado: mándenos lo que tenga y lo completamos con usted.