Conflicto de intereses entre socios: cuándo un socio no puede votar y qué hacer

En una sociedad cada socio vota en su propio interés, y eso es legítimo. Pero hay unos pocos acuerdos en los que el interés del socio choca de frente con el de la sociedad, y ahí la ley de sociedades de capital le prohíbe ejercer el voto.

Son los acuerdos que tengan por objeto autorizarle a transmitir sus participaciones cuando están sujetas a restricción, excluirle de la sociedad, liberarle de una obligación o concederle un derecho, facilitarle cualquier tipo de asistencia financiera, incluidas las garantías a su favor, o dispensarle de las obligaciones que derivan del deber de lealtad como administrador. En la sociedad anónima, los dos primeros supuestos solo se aplican si los estatutos lo prevén expresamente.

Cuando el socio no puede votar, sus participaciones se descuentan del capital para calcular la mayoría. Es lo que permite, por ejemplo, que en una sociedad de dos socios al cincuenta por ciento se apruebe la exclusión de uno de ellos con el voto del otro solo. Fuera de esa lista, el socio en conflicto vota y su voto cuenta; lo que cambia es lo que pasa después si fue decisivo.

Es el conflicto de intereses más visible en las sociedades familiares y pequeñas: un socio vive en un piso de la sociedad o cobra por servicios que nadie ha contratado formalmente.

Si ese uso se somete a la junta, por ejemplo para aprobar un contrato de arrendamiento a su favor o para condonarle lo que debe, estamos ante un acuerdo que le concede un derecho o le libera de una obligación: no puede votar. Si además es administrador, usar activos sociales con fines privados infringe el deber de lealtad salvo dispensa expresa de la junta, que tampoco puede votar él.

Si hay un acuerdo de junta que lo aprobó, se mira si él votó y si su voto fue decisivo. Si nunca se aprobó nada, hay un administrador que dispone del patrimonio en beneficio propio, y la vía es pedir información por escrito, exigir que se pague un precio de mercado y, si no, la acción social de responsabilidad. Cada año que pasa sin reclamar hace más difícil demostrar el daño.

El caso típico es el mayoritario que es a la vez administrador, se fija su propio sueldo, contrata con otras empresas suyas y decide no repartir dividendo. Casi nada de eso está en la lista de acuerdos en los que no puede votar, así que vota y gana.

La ley da una regla para esos casos: cuando el voto del socio en conflicto ha sido decisivo y el acuerdo se impugna, es la sociedad y, en su caso, el socio afectado por el conflicto quien tiene que probar que el acuerdo se ajusta al interés social. El que impugna solo tiene que acreditar el conflicto. Es una inversión de la carga de la prueba que cambia mucho un pleito.

Esa regla no se aplica a los acuerdos sobre nombramiento, cese, revocación y exigencia de responsabilidad de los administradores, ni a los demás en los que el conflicto se refiere solo a la posición del socio en la sociedad.

Con el dividendo que no se reparte, además, hay una vía propia: el derecho de separación por falta de dividendos, que no exige probar ningún conflicto.

Si el socio que debía abstenerse votó, se repite el cómputo sin su voto: si el acuerdo se habría aprobado igual, la ley no permite impugnar solo por eso; si sin ese voto no había mayoría, el acuerdo es impugnable como contrario a la ley.

Si el socio podía votar pero estaba en conflicto, se impugna por lesión del interés social con la carga de la prueba invertida, siempre que el voto fuera decisivo.

En los dos casos el procedimiento es el de cualquier impugnación de acuerdos sociales: demanda ante el juzgado de lo mercantil en el plazo de un año desde el acuerdo, o desde su inscripción si es inscribible. Y haga constar en el acta que el socio estaba en conflicto y que usted se opone: lo que no se dijo en la junta cuesta mucho más decirlo en el juzgado.

En una sociedad al cincuenta por ciento todo acuerdo exige que los dos estén de acuerdo. Pero si uno de los dos no puede votar por conflicto de intereses, el otro decide solo, porque las participaciones del primero se descuentan del capital. Esto convierte la lista de acuerdos con prohibición de voto en una herramienta poderosa y peligrosa a la vez. Poderosa, porque permite salir de un bloqueo en asuntos concretos: denegar la autorización para que el otro venda, no concederle un derecho, no dispensarle de la prohibición de competir. Peligrosa, porque un acuerdo adoptado alegando un conflicto que no existía es nulo.

Si a usted le dicen que no puede votar, exija que se diga por qué y vote bajo protesta: si el conflicto no existía, su voto valía y el acuerdo cae.

Un conflicto de socios es cualquier desacuerdo serio entre ellos: sobre la gestión, el reparto o quién trabaja. Un conflicto de intereses es una situación jurídica concreta, la de un socio cuyo interés personal choca con el de la sociedad en un acuerdo determinado, con las consecuencias que hemos visto: prohibición de voto en unos casos, inversión de la carga de la prueba en otros.

Casi todo conflicto de socios contiene algún conflicto de intereses, y encontrarlo convierte una discusión de opiniones en un problema con regla legal. Cuando no lo hay, las herramientas son otras: la negociación, el pacto de salida, la valoración de la parte de quien se va.

Envíenos el acta de la junta, los estatutos y una explicación de qué gana ese socio con el acuerdo. Le decimos si estaba en un supuesto de prohibición de voto, si el acuerdo se sostiene sin él y qué plazo le queda para impugnar. Escríbanos desde la página de contacto.

Casi ningún conflicto entre socios de una empresa empieza con una junta o una demanda. Empieza cuando un socio deja de contestar, otro se sube el sueldo o alguien cambia las claves del banco. Ese es el momento en que una llamada al abogado todavía cambia el final, porque no se ha votado ni firmado nada.

Señales de que conviene consultar ya:

• Llega una convocatoria con un punto del que nadie había hablado.
• Le niegan información que antes se daba sin problema.
• Aparecen contratos con sociedades de otro socio o de su familia.
• Se propone una ampliación de capital que nadie justifica.

Para la primera reunión con un abogado de conflictos entre socios, reúna los estatutos, el pacto de socios si lo hay, las actas de las últimas juntas, las cuentas anuales y los correos o mensajes que reflejen el desacuerdo. Añada una frase con lo que usted busca: seguir en la sociedad, salir o que salga el otro. La estrategia cambia mucho según esa respuesta.

Con eso le diremos si hay una regla concreta que le proteja, como la prohibición de voto o la inversión de la carga de la prueba que se explica en esta página, o si el camino es otro, por ejemplo la impugnación de acuerdos sociales.

Quien busca un abogado para un conflicto de socios casi nunca necesita lo mismo que el socio de al lado. Por eso el trabajo empieza siempre por el diagnóstico y no por la demanda.

• Primera lectura. Revisamos estatutos, pacto de socios si lo hay, las últimas actas y las cuentas. Con eso se ve quién tiene la mayoría, qué acuerdos se pueden atacar y qué plazos están corriendo ya.
• Estrategia. Le explicamos qué vías tiene (impugnar, separarse, excluir a otro socio, pedir la disolución o negociar una salida) y cuál compensa en su caso, con su coste y su riesgo.
• Negociación o juzgado. En los conflictos entre socios, el abogado que conoce bien el pleito suele negociar mejor, porque sabe qué se puede ganar y qué no. Si no hay acuerdo, el asunto acaba en el juzgado de lo mercantil.

Atendemos a socios y también a administradores, a un lado u otro de la mesa. Lo que no hacemos es prometerle un resultado antes de haber visto los papeles.

Si quiere saber qué posición tiene, escríbanos con un resumen de lo ocurrido y le diremos por dónde empezar. Si la discusión ya ha llegado a una votación, le servirá leer cómo se impugna un acuerdo social.